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  • FEMP - Federación Española de Municipios y Provincias
    Jurisprudencia Órgano Cualquiera Tribunal Supremo TSJ de Andalucía Granada TSJ de Andalucía Malaga TSJ de Andalucía Sevilla TSJ de Aragón TSJ de Asturias TSJ de Baleares TSJ de Canarias Las Palmas TSJ de Canarias Tenerife TSJ de Cantabria TSJ de Castilla la Mancha TSJ de Castilla León Burgos TSJ de Castilla León Valladolid TSJ de Cataluña TSJ de Extremadura TSJ de Galicia TSJ de La Rioja TSJ de Madrid TSJ

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  • FEMP - Federación Española de Municipios y Provincias
    administrativo y declarando la nulidad de algunos extremos de los artículos 4 2 12 2 y 23 de la Ordenanza Respecto de los arts 4 2 penúltimo y 23 que exigen al operador una póliza de responsabilidad civil con cobertura total sobre daños a personas y cosas con renovación anual mientras se mantenga en servicio la instalación considera el TS que la cuestión no es tanto la exigibilidad sino quién puede exigirla y el Ayuntamiento no tiene potestad para su exigencia En relación a la exigencia que los proyectos deban justificar y por tanto emplear la mejor tecnología disponible técnica y económicamente viable arts 4 y 12 2 el TS estima que debe ser anulada porque la Ordenanza no salva los criterios fijados por el Estado respecto del nivel tecnológico que es a quien compete establecer un régimen uniforme en esta materia esa falta de precisión genera incertidumbre cosa que no ocurriría si la Ordenanza impugnada se funda claramente en la normativa estatal lo que no es el caso 5 Sentencia del TSJ de Madrid de 30 de octubre de 2013 Tema principal Licencias Otras temáticas Demolición Clausura Cualquiera Fecha de la sentencia 30 10 2013 Órgano Tribunal Supremo Detalle de la sentencia El presente recurso de apelación se interpone contra la Sentencia de 20 de septiembre de 2011 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm 3 de los de Madrid recaída en los autos de Procedimiento Ordinario núm 114 10 por la que se estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil aquí apelada Vodafone España S A contra la resolución del Ayuntamiento de las Rozas de fecha 29 de diciembre de 2009 por la que se ordena el cese cautelar de la actividad de telefonía móvil que realiza Vodafone España S A en la carretera M 505 3 kilómetro 5 8000 finca La Falamosa y en su consecuencia la Sentencia anula la expresada resolución por no ser conforme a Derecho en concreto señala la Sentencia que la actuación municipal ha dado lugar al transcurso del plazo de prescripción del artículo 195 de la Ley 9 2001 de 17 de Julio El Ayuntamiento se opone a esta cuestión alegando que nos encontramos ante el ejercicio de una actividad continuada necesitada de la preceptiva licencia municipal y por tanto mientras aquélla no cese no se entiende iniciado el cómputo de la prescripción Por la Sala se estima el recurso de apelación y se revoca la Sentencia de instancia apelada En efecto señala la Sala que las Instalaciones base de telecomunicación que operen con radiofrecuencias se encuentran incluidas en el punto 16 del anexo V de la Ley 2 2002 de 19 de junio de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid y por tanto dicha actividad está sometida al procedimiento de Evaluación Ambiental de Actividades arts 41 y ss cuya tramitación y resolución corresponde a los municipios artículo 42 1 siendo el Informe de Evaluación Ambiental de Actividades favorable requisito previo e indispensable para la concesión de cualquier licencia municipal relacionada con el proyecto o actividad en cuestión siendo asimismo el contenido de dicho Informe vinculante para tales licencias artículo 47 4 Pues bien y sobre la base de la propia Jurisprudencia del TS en el caso concreto que aquí nos ocupa la actividad de telefonía móvil ni contaba con el preceptivo Informe de Evaluación Ambiental de Actividades ni con licencia de instalación ni con licencia de funcionamiento en la fecha en que se decreta la medida cautelar de cese de actividad que nos ocupa por lo que conforme a la doctrina del TS se concluye que en la fecha en que ésta última resolución se adopta aún no había comenzado el cómputo del aludido plazo de cuatro años de caducidad referido en el artículo 195 1 de la Ley 9 2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid como acertadamente argumenta el Ayuntamiento apelante Ello debe entenderse sin perjuicio del régimen jurídico establecido en la Disposición adicional tercera de la Ley 12 2012 de 26 de diciembre de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios para las estaciones o instalaciones radioeléctricas utilizadas para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público y que ocupen una superficie superior a 300 metros cuadrados que resultará de aplicación a partir de la fecha de su entrada en vigor D A 14ª establece su entrada en vigor al día siguiente de la publicación en el BOE el 27 de diciembre de 2012 6 Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de septiembre de 2013 Tema principal Planes de Implantación Otras temáticas Cualquiera Cualquiera Fecha de la sentencia 13 09 2013 Órgano Tribunal Supremo Detalle de la sentencia El TS declara haber lugar al recurso de casación interpuesto y casa y revoca la Sentencia recurrida estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto La recurrente invocaba la falta de informes preceptivos entre ellos el exigido por la LGTel El TS acoge este motivo al considerar que también en materia de necesidades de redes públicas de comunicación electrónica se impondría asimismo el oportuno informe por parte del Ministerio competente en materia de telecomunicaciones de acuerdo con la Ley 32 2003 de 3 de noviembre General de Telecomunicaciones artículo 26 2 y también con la Disposición Adicional 2ª 4 de la Ley 13 2003 reguladora del contrato de concesión de obras públicas en relación con los instrumentos de planificación territorial que pudieran afectarles 7 Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de octubre de 2013 Tema principal Compartición Otras temáticas Zonas Sensibles Planes de Implantación Fecha de la sentencia 01 10 2013 Órgano Tribunal Supremo Detalle de la sentencia El TS declara haber lugar al recurso de casación y declara radicalmente nulos los artículos 4 1 1 4 1 2 y 4 1 3 relativos a los denominados Espacios sensibles así como el segundo inciso de su disposición transitoria tercera del referido Plan Especial Después de inadmitir varios de los motivos de casación por motivos formales el TS entre a analizar

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  • FEMP - Federación Española de Municipios y Provincias
    Valenciana que estimó parcialmente el recurso interpuesto contra la Ordenanza Municipal Reguladora de Instalación de Telefonía Móvil en el término municipal de Alcasser El TSJ estima el recurso y declara la conformidad a derecho del artículo 1 en su referencia a la protección medio ambiental 7 2 y 20 3 24 2 b en relación con el artículo 10 2 y 24 3 b sin la previsión para protección de la seguridad o salud humana dejando invariables los restantes pronunciamientos de la sentencia Los 5 motivos de casación alegados por el Ayuntamiento abordan las siguientes temáticas Exigencia de adaptación a la mejor tecnología disponible la Ordenanza contiene esta exigencia para conseguir el menor impacto visual medioambiental y en la salud de las personas y contempla la potestad del Ayuntamiento para poder imponer esta nueva tecnología cuando considere que la evolución tecnológica haga posible aplicar soluciones que disminuyan este impacto sin ningún tipo de indemnización arts 7 8 y 18 El TS confirma la anulación e estos preceptos apreciando un exceso competencial del Municipio a la hora de exigir determinados parámetros técnicos en las instalaciones que alteran la composición de la red de comunicaciones como sistema global Medidas adicionales de protección de la salud pública distancias de las instalaciones de telefonía móvil El TS confirma la anulación del artículo 1 en su referencia a la protección de la salud de las personas porque esta cuestión ha sido objeto de regulación por normativa estatal básica con carácter completo y uniforme para el Estado pero no en su referencia al medio ambiente para el que el Municipio si que ostenta competencia en virtud del artículo 25 2 f LBRL También se confirma la anulación del artículo 4 1 de la Ordenanza por cuanto el mismo predetermina la localización de las instalaciones de telecomunicaciones al cumplimiento tanto de las localizaciones autorizadas por el Ayuntamiento como por las condiciones que se establecen en la Ordenanza cuando las mismas recogen aspectos que exceden de la competencia estatal como es la fijación de distancias de protección a las infraestructuras Los artículos 7 1 7 7 10 1 y 19 recogen todos ellos medidas adicionales o restricciones bajo la causa de protección de la salud pública fuera del marco que ya ha ejercitado el Estado y por tanto sin amparo legal en el ejercicio de las competencias cuya salvaguarda ostentan Por el contrario el artículo 7 2 de la Ordenanza no puede ser considerado nulo ya que el mismo exclusivamente se refiere al ejercicio de las competencias urbanísticas y de protección del patrimonio histórico artístico y cultural que si se encuentran recogidas en el artículo 25 2 e LBRL como municipales y no chocan o alteran la competencia estatal exclusiva ni en el aspecto técnico ni tampoco suponen medidas adicionales de protección de la salud Son por tanto conformes a derecho la referencia a la protección del medio ambiente del artículo 1 y el artículo 7 2 Licencia de actividad clasificada el TS confirma la nulidad del art 19 que exige este tipo de licencia al no apreciar justificada la de la Jurisprudencia o del Ordenamiento que la recurrente imputa a la sentencia de instancia en relación a la nulidad de este precepto Orden de desmontaje y retirada de infraestructuras o elementos El TS casa en este punto la sentencia de instancia considerando que el art 20 3 prevé que en los casos de cese definitivo de la actividad o del no uso de alguno de sus elementos el titular de la licencia deberá realizar las actuaciones necesarias para retirar los equipos de telecomunicación quedando facultado en su caso el propietario o comunidad de propietarios del inmueble donde se ubiquen para solicitar su retirada a la administración otorgante de la licencia debe declararse conforme a derecho Considera el TS que la de restauración de su paisaje urbano y medio ambiente cuando la actividad cesa definitivamente o cuando el no uso de alguno de los elementos determina que no cumple su finalidad es una manifestación específica de las competencias reconocidas a los municipios en el art 25 2 de la Ley 7 1985 LBRL no considerando tal exigencia además como desproporcionada ni irracional Concluye el TS que esta exigencia ha de estimarse adecuada y útil a la salvaguarda que debe procurar el municipio respecto del medio ambiente urbano incluyendo del impacto visual que provoca este tipo de instalaciones sin que pueda suponer ninguna restricción absoluta ni tampoco contraria al interés público Régimen sancionador El TS reconoce que las EE LL pueden establecer un régimen de infracciones y sanciones en las Ordenanzas no obstante en el régimen sancionador establecido en la Ordenanza artículos 24 25 y 26 se tipifican conductas u omisiones que responden al legítimo ejercicio de las competencias urbanísticas y de ordenación del territorio que le corresponden al Ayuntamiento pero otras no pues invaden y desconocen la competencia del Estado sobre la inspección control y subsiguiente sanción del funcionamiento de la actividad fuera de las previsiones del RD 1066 2001 Así si el Ayuntamiento no puede regular ni exigir límites adicionales de protección tampoco puede reaccionar y restablecer el orden jurídico vulnerado sancionar por cuanto carece de competencia para ello Por ello el TS considera ajustados a derecho los apartados del artículo 24 que tipifican infracciones relacionadas con el urbanismo o el medio ambiente apartados 2 b y 3 b pero no los que se refieren a la protección de la salud pública Por otra parte confirma la anulación del art 25 establece las sanciones a imponer al apreciar un evidente exceso contrario a derecho respecto a las previsiones del artículo 141 de la Ley 7 1985 2 de abril que otorga cobertura legal a la potestad sancionadora de los Municipios 14 Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 2013 Tema principal Zonas Sensibles Otras temáticas Distancias de seguridad Límites Radioeléctricos Fecha de la sentencia 05 06 2013 Órgano Tribunal Supremo Detalle de la sentencia Dictada en recurso de casación nº 6562 2008 interpuesto por Vodafone España S A U contra la sentencia de 16 de octubre de 2008 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia recaída en los autos número 4101 2006 en el que se impugnaba la Ordenanza Municipal para la Instalación y Funcionamiento de Antenas Emisoras de Telefonía Móvil y otros Servicios de Telecomunicación y Difusión en el término municipal de Burela de 22 de febrero de 2006 El TS estima parcialmente el recurso y anula los artículos 10 1 primer párrafo 10 3 2 B 10 3 2 C 2 10 3 2 D apartado 1 y 2 en lo que se refiere a distancias de protección 16 1 10 4 y 12 de dicha Ordenanza Por lo que se refiere a los distintos apartados del artículo 10 excepto el apartado 4 considera el TS que en ellos se contienen tanto previsiones urbanísticas y de estética alturas colocación de las antenas limites a linderos respecto a cómo se ha de producir la instalación de competencia propia y legítima municipal pero también limitaciones que responden a razones de protección sanitaria como es la limitación a 300 metros a viviendas o a cualquier edificio habitado y 1000 metros a centros educativos laborales sanitarios geriátricos parques públicos municipales o análogos paseos marítimos y playas Estas limitaciones por razón de salud pública no son meras remisiones a la normativa estatal sino que se trata de previsiones que exceden de lo regulado en el artículo 8 7 d RD 1066 2001 y la Orden CTE 23 2002 11 de enero fijando medidas adicionales de protección más restrictivas para las que no ostenta competencia el Ayuntamiento por cuanto el Estado ha agotado la cuestión de la protección de la salud pública por razón de las emisiones radioeléctricas en su regulación El artículo 10 4 establece la exigencia de presentar autorización de la Comunidad de Propietarios en la instalación de antenas de telefonía móvil en suelo urbanizables de núcleo rural o urbano Recuerda el TS que esta exigencia se declaró nula en numerosas sentencias 6 y 27 de abril y 23 de noviembre de 2010 entre otras por cuanto limita el derecho de los operadores a la ocupación de la propiedad privada tal y como aparece recogida en la Legislación estatal de telecomunicaciones artículo 28 LGTel y concluye que en todo caso la disponibilidad por los operadores de los terrenos sobre los que pretenden asentar sus redes bien se obtengan de forma forzosa o voluntaria es una situación ajena al limitado ámbito de control que pueden ejercer los Ayuntamientos Respecto del artículo 12 que prevé la posibilidad de que el Ayuntamiento previa audiencia de los interesados establezca la obligación de compartir emplazamientos cuando esté justificado por razones sanitarias urbanísticas medioambientales o paisajística con la excepción de aquellos supuestos en los que exista imposibilidad técnica o que el impacto de esa compartición sea superior al de la utilización separada Considera el TS en base a la STC 8 2012 de 18 de febrero que los Ayuntamientos no pueden atribuirse la decisión última ejecutiva en materia de compartición de emplazamientos ni de infraestructuras sino la decisión motivada instrumentalizada mediante informes que determine si en atención a sus intereses medioambientales o urbanísticos corresponde y procede la compartición que se llevará a la CMT para que pondere la afectación que se produce en el mercado y determine los condicionantes de esa compartición recogiendo los informes sectoriales emitidos por otras Administraciones Sin embargo este artículo a pesar de la remisión que se realiza a la normativa estatal no garantiza que la decisión última tras el fracaso del proceso de fomento de acuerdos sea la CMT la que establezca los condicionamientos últimos imperativos tras recoger los informes de todas las Administraciones concurrentes por lo que está otorgando una prevalencia o cláusula de salvaguarda contraria a lo que prevé el artículo 30 LGTel 32 2003 Por último respecto del artículo 21 que contiene diversas previsiones autónomas en sí mismas consideradas que recogen tanto la conservación y mantenimiento como la modificación del emplazamiento de mejoras tecnológicas cese de la actividad entre otras el TS sin entrar en el fondo del asunto desestima el motivo de casación alegado por cuanto el reproche que realiza la recurrente no alcanza a sustentar vicio o defecto alguno en la sentencia de instancia En primer lugar la omisión que imputa a la sentencia respecto a la falta de pronunciamiento de una pretensión concreta de nulidad de este artículo no se articula a través del motivo formal concreto por el que debiera serlo ante estos casos el 88 1 c LRJCA por lo que este Tribunal no puede erigirse en Tribunal de instancia y analizar esta cuestión En segundo lugar habla la parte recurrente del principio de cooperación interadministrativa cuando la sentencia no lo inserta dentro del análisis del artículo 21 de la Ordenanza que ya ha desestimado sino en el de otra impugnación que nada tiene que ver con este precepto Por último se ataca la exigencia de una certificación que ya está en poder de otra Administración pero que el artículo 21 no contiene en ninguno de sus apartados por lo que en modo alguno podemos analizar aquí 15 Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 2013 Tema principal Zonas Sensibles Otras temáticas Distancias de seguridad Licencias Fecha de la sentencia 29 05 2013 Órgano Tribunal Supremo Detalle de la sentencia Dictada en recurso de casación nº 2996 2010 interpuesto por Vodafone España S A U contra la sentencia de 1 de octubre de 2009 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el procedimiento núm 12 2008 en el que se impugnaba la Ordenanza reguladora de la instalación y funcionamiento de las infraestructuras radioeléctricas del municipio de Tuineje de 20 de septiembre de 2007 El TS estima parcialmente el recurso y anula los artículos 3 2 y 27 3 de dicha Ordenanza Las temáticas objeto del recurso de casación son temporalidad de las licencias art 27 3 la fijación de distancias para la localización de las antenas o instalaciones de telefonía móvil art 3 2 y el régimen transitorio de adaptación a la Ordenanza apartado 4 de la disp trans primera y apartado 1 de la disp trans segunda El art 3 2 impone distancias mínimas entre 100 y 200 metros de las infraestructuras a viviendas centros educativos sanitarios geriátricos centros laborales zonas deportivas y cualquier otra zona de afluencia masiva de público El TS apoyándose en la nueva línea jurisprudencial fijada definitivamente por su sentencia de 11 de febrero de 2013 estima que este artículo al establecer medidas de protección de la salud pública más allá del marco estatal que funciona de manera uniforme para todo el territorio está viciado de falta de competencia En relación a la temporalidad de las licencias el art 27 3 de la Ordenanza establece la obligación de su revisión bianual el TS considera que supone el sometimiento a los operadores a procedimientos de intervención urbanísticas no motivados por la aparición de causa justificada para el mismo cosa que exige el artículo 6 1 del Reglamento de Servicios de las CC LL Para llegar a esta conclusión el TS se apoya en sus sentencias de 16 de noviembre de 2011 y 8 de marzo de 2013 que establecen una nueva línea interpretativa en lo que afecta directamente a la cuestión de la temporalidad de las licencias y su posible revocación por incompatibilidad sobrevenida únicamente será posible la revisión de las licencias previamente otorgadas al amparo de la interpretación del artículo 16 1 RSCL cuando nuevos criterios de interés público susceptibles de apreciación en virtud de las competencias locales motiven la apertura de un procedimiento de adaptación o en su caso revocación con las correspondientes consecuencias y previsiones indemnizatorias en su caso De entenderse de otro modo se estaría produciendo la quiebra de la naturaleza de acto reglado de la licencia sometida a un continuo proceso de verificación sin razonabilidad sin la presencia de nuevos parámetros o criterios que justifiquen la revisión Distinta suerte corre el régimen transitorio impugnado que obliga a adaptar las instalaciones incluso la que cuentan con licencia a la nueva Ordenanza El TS considera que aún en este caso se trata de una retroactividad de carácter mínimo ya que sólo tiene efectos para el futuro aunque la relación o situación básica haya surgido conforme a la anterior y afecta a situaciones o relaciones jurídicas actuales no concluidas por lo que desestima el recurso en este punto Añade el TS que si no se produjera esta previsión de adaptación a las nuevas determinaciones de la Ordenanza estaría conllevando que pervivieran regímenes urbanísticos y medioambientales distintos que motivaran sin duda el efecto a evitar cual es el desorden y la saturación urbana así como inseguridad o falta de coherencia en la estética de las edificaciones o el medio ambiente urbano 16 Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2013 Tema principal Compartición Otras temáticas Distribución de Competencias Límites Radioeléctricos Fecha de la sentencia 08 07 2013 Órgano Tribunal Supremo Detalle de la sentencia Dictada en recurso de casación nº 6089 2011 interpuesto por Telefónica Móviles España S A contra sentencia de 5 de octubre de 2011 del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja que anuló los artículos 17 4 21 y 28 3 inciso final de la Ordenanza sobre Instalaciones de los equipos y elementos de telecomunicación en el municipio de Logroño El TS declarando haber lugar recurso casa la sentencia en cuanto declaró conforme a derecho la expresión minimización del riesgo al inicio del artículo 5 el artículo 5 1 a b y c 5 2 y 9 y estima parcialmente el recurso contencioso administrativo declarando nulos estos preceptos de la Ordenanza El TS recuerda que existe ya una nueva línea jurisprudencial iniciada por su sentencia de de 22 de marzo de 2011 y consolidada en la de 11 de febrero de 2013 sobre la cuestión de la regulación por las Ordenanzas Locales de medidas adicionales de protección de la salud pública de forma que los Ayuntamientos por razones de salud no pueden fijar límites de protección adicionales a los establecido por el Estado ni pueden regular los aspectos técnicos de las telecomunicaciones En resumen No poseen margen de regulación reglamentación mediante Ordenanzas las Corporaciones Locales para adoptar normas adicionales de protección de la salud pública ex artículo 25 2 h Ley 7 1985 2 de abril más estrictas que las fijadas por la normativa estatal básica tanto en relación a los límites de emisión radioeléctrica como en la fijación de distancias mínimas a las correspondientes infraestructuras al haber ejercitado el Estado ex artículo 149 1 16ª CE de forma completa y agotada las medidas de protección sanitaria frente a los niveles tolerables de exposición de estas emisiones En atención a esta nueva línea jurisprudencial el TS considera que en el art 5 de la Ordenanza se contienen limitaciones a la instalación de infraestructuras equipos antenas y estaciones base por razones de protección de la salud pública art 25 2 h LBRL que deben considerarse contrarias a derecho Pero no aquellas que se refieran al ejercicio de competencias urbanísticas protección del patrimonio histórico artístico medioambiente urbano y seguridad pública que le corresponden al municipio en virtud del art 25 2 a f y e LBRL Por ello la referencia contenida al inicio del art 5 de minimización del riesgo ha de entenderse e interpretarse como derivada de razones sanitarias y por tanto invasora de las competencias ejercitadas por el Estado sobre protección de la salud pública derivada de la exposición a CEM también los apartados 5 1 a b y c de la Ordenanza se extralimitan en su regulación y deben considerarse no conformes a derecho así como el apartado 5 2 por imponer la compartición de emplazamientos coubicación dejando de lado y sin respetar lo previsto en el art 30 de la Ley 32 2003 General de Telecomunicaciones tal y como ha sido interpretado por la STC 8 2012 18 de febrero y por la STS

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  • FEMP - Federación Española de Municipios y Provincias
    Marzo de 2 006 Tema principal Distribución de Competencias Otras temáticas Licencias Demolición Clausura Fecha de la sentencia 28 03 2006 Órgano TSJ de Castilla León Valladolid Detalle de la sentencia Se desestima recurso contra resolución del Ayto de Valladolid por la cuál se ordena el cese cautelar de la actividad del transmisor colocado en la fachada de edificio por parte de Telefónica hasta que se obtengan las preceptivas licencias de apertura y de comprobación de obra y se requiere al titular de la actividad para que en el plazo de tres meses solicite la correspondiente licencia de actividad ambiental y licencia de obras 994 Sentencia del TSJ de Castilla León sede Valladolid del 14 de Junio de 2 006 Tema principal Distribución de Competencias Otras temáticas Licencias Demolición Clausura Fecha de la sentencia 14 06 2006 Órgano TSJ de Castilla León Valladolid Detalle de la sentencia Se recurre por parte de Telefónica resolución mediante la cuál se efectúa un requerimiento de regularización de actividad sujeta a licencia ambiental y se adopta la medida cautelar de cese de la actividad hasta que la obtenga Actuación competente por parte del Ayto de Valladolid puede efectuarla en cuanto tiene conocimiento de que una actividad funciona sin licencia ambiental no sujeta a plazos Recurso desestimado 995 Sentencia del TSJ de Castilla León sede Valladolid del 10 de Mayo de 2 006 Tema principal Distribución de Competencias Otras temáticas Licencias Demolición Clausura Fecha de la sentencia 10 05 2006 Órgano TSJ de Castilla León Valladolid Detalle de la sentencia Se recurre resolución por parte de Telefónica mediante la cuál se suspende la actividad y ordena desmantelamiento de instalación de base de telefonía móvil instalada en Valladolid La sentencia desestima el recurso alegando necesidad de licencia de actividad para actividades susceptibles de producir riesgos para

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  • FEMP - Federación Española de Municipios y Provincias
    Jurisprudencia Órgano Cualquiera Tribunal Supremo TSJ de Andalucía Granada TSJ de Andalucía Malaga TSJ de Andalucía Sevilla TSJ de Aragón TSJ de Asturias TSJ de Baleares TSJ de Canarias Las Palmas TSJ de Canarias Tenerife TSJ de Cantabria TSJ de Castilla la Mancha TSJ de Castilla León Burgos TSJ de Castilla León Valladolid TSJ de Cataluña TSJ de Extremadura TSJ de Galicia TSJ de La Rioja TSJ de Madrid TSJ

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  • FEMP - Federación Española de Municipios y Provincias
    prevé el artículo 30 LGTel 32 2003 23 Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2013 Tema principal Licencias Otras temáticas Límites Radioeléctricos Cualquiera Fecha de la sentencia 00 00 0000 Órgano Tribunal Supremo Detalle de la sentencia Dictada en recurso de casación nº 1598 2007 interpuesto por el Ayuntamiento de Huelva contra la sentencia de 25 de enero de 2007 del Tribunal Superior de Justicia de la Andalucía sede de Sevilla que anuló los artículos 44 50 51 4 52 1 estos tres últimos únicamente en cuanto a la exigencia de licencia de actividad la Disp Trans 1ª 4 y la Disp Adic 2 VI de la Ordenanza Municipal de Telecomunicaciones del término municipal de Huelva El TS declara no haber lugar recurso y confirma la sentencia de instancia que queda firme Advierte el TS que en este recurso sólo se van a tratar las cuestiones que se refieran a la la Disp Trans 1ª 4 y la Disp Adic 2 VI y los arts 51 4 y 52 1 estos últimos en cuanto a la tramitación de la licencia de actividad ya que la anulación del resto de los preceptos ya ha sido confirmada por la sentencia del propio TS de 23 de mayo de 2013 recurso de casación nº 790 2007 El TS confirma la anulación de la Disp Trans 1ª 4 y la Disp Adic 2 VI por cuanto no cabe reconocer a las Corporaciones Locales potestad o facultad de control e inspección del funcionamiento de las instalaciones con finalidades de protección sanitaria que corresponde en exclusiva al Estado al amparo de lo previsto en el artículo 43 2 LGTel 32 2003 Con respecto a los arts 51 4 y 52 1 recuerda el TS su doctrina conforme a la cual en materia de exigencia de licencias de actividad clasificada para las instalaciones de comunicación debe existir normativa concreta que establezca que la actividad ha de considerarse calificada y por tanto determinar el régimen concreto de intervención ambiental a la que el Ayuntamiento concreto ajustará el procedimiento de control Y la normativa autonómica andaluza sobre actividades clasificadas no recoge en sus anexos las instalaciones de telefonía móvil como sujeta a algún régimen de intervención por lo que en ningún caso el Ayuntamiento puede crear ex novo un régimen de control basado en lo que no tiene sino en una pretendida competencia para controlar los niveles de emisión de las instalaciones que ya son objeto de control en virtud de la autorización que concede el Ministerio correspondiente 24 Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 2013 Tema principal Zonas Sensibles Otras temáticas Distancias de seguridad Licencias Fecha de la sentencia 29 05 2013 Órgano Tribunal Supremo Detalle de la sentencia Dictada en recurso de casación nº 2996 2010 interpuesto por Vodafone España S A U contra la sentencia de 30 de junio de 2010 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas que desestimó el recurso contencioso administrativo seguido contra la Ordenanza reguladora de la instalación y funcionamiento de las infraestructura radioeléctricas del municipio de Tuineje El TS estima parcialmente el recurso y declara la nulidad de los artículos 3 2 y 27 3 de dicha Ordenanza El art 3 2 fija distancias de seguridad para la localización de las antenas o instalaciones de telefonía móvil respecto de las infraestructuras a viviendas centros educativos sanitarios geriátricos centros laborales zonas deportivas y cualquier otra zona de afluencia masiva de público El TS considera que este artículo está viciado de falta de competencia al establecer medidas de protección de la salud pública más allá del marco estatal que funciona de manera uniforme para todo el territorio y afirma que las Corporaciones Locales no poseen margen de regulación para adoptar normas adicionales de protección de la salud pública ex artículo 25 2 h Ley 7 1985 2 de abril más estrictas que las fijadas por la normativa estatal básica tanto en relación a los límites de emisión radioeléctrica como en la fijación de distancias mínimas a las correspondientes infraestructuras al haber ejercitado el Estado ex artículo 149 1 16ª CE de forma completa y agotada las medidas de protección sanitaria frente a los niveles tolerables de exposición a estas emisiones El art 27 3 establece la temporalidad de las licencias con la obligación de revisión bianual Argumenta el TS que según su propia doctrina únicamente será posible la revisión de las licencias previamente otorgadas al amparo de la interpretación del artículo 16 1 RSCL cuando nuevos criterios de interés público susceptibles de apreciación en virtud de las competencias locales motiven la apertura de un procedimiento de adaptación o en su caso revocación con las correspondientes consecuencias y previsiones indemnizatorias en su caso ya que de entenderse de otro modo se estaría produciendo la quiebra de la naturaleza de acto reglado de la licencia sometida a un continuo proceso de verificación sin razonabilidad sin la presencia de nuevos parámetros o criterios que justifiquen la revisión Y concluye que en este caso esa obligación de revisión bianual como mínimo de la previa licencia de instalación otorgada supone el sometimiento a los operadores a procedimientos de intervención urbanísticas no motivados por la aparición de causa justificada para el mismo 25 Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2013 Tema principal Compartición Otras temáticas Zonas Sensibles Distancias de seguridad Fecha de la sentencia 27 05 2013 Órgano Tribunal Supremo Detalle de la sentencia Dictada en recurso de casación nº 747 2007 interpuesto por TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S A contra la sentencia de 1 de diciembre de 2006 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la Ordenanza Municipal Reguladora de les Activitats i Instal lacions de Radiocomunicació de Molins de Rei El TS declara haber lugar al recurso y anula los artículos 12 14 5 14 6 23 y 24 de dicha Ordenanza El art 12 exige que las instalaciones de radiocomunicación utilicen la tecnología disponible en el mercado que comporte tanto minimizar la exposición de las personas a los campos electromagnéticos como el menor impacto ambiental y visual es considerado nulo por el TS por cuanto esa imposición de la mejor tecnología disponible puede afectar a los parámetros técnicos fijados por el Estado al no quedar asegurado su respeto según la doctrina del TS no habría extralimitación competencial si el precepto que impone la tecnología que menor impacto visual o medioambiental se funda o basa en el Derecho estatal pero si falta la mención a ese Derecho el nivel de inseguridad que puede generar a los operadores motiva su anulación por vaciamiento de la competencia estatal El artículo 14 establece restricciones a los emplazamientos de las infraestructuras tanto en espacios o conjuntos protegidos como en zonas sensibles El TS confirma la competencia municipal para establecer restricciones al emplazamiento de las instalaciones de radiocomunicación en edificios conjuntos o espacios protegidos espacios naturales también protegidos o en su entorno cercano y zonas de núcleo antiguo consideradas por los correspondientes instrumentos de planeamiento urbanístico o resoluciones al amparo de la legislación sectorial en la materia ya que se trata de la legítima imposición de restricciones urbanísticas que entran de lleno en el campo de las competencias municipales artículo 25 2 e LBRL que no inciden en modo alguno en aspectos técnicos y por ello no chocan o alteran la competencia estatal exclusiva en ese aspecto Contraria opinión le merece al TS las restricciones de emplazamientos de las instalaciones en espacios sensibles distancias mínimas y deber de minimización recogidas en los apartados 5 y 6 del art 14 conforme a la línea jurisprudencial expuesta a partir de su sentencia de 11 de febrero de 2013 queda claro que las Corporaciones Locales no pueden regular y exigir normas adicionales de protección de la salud pública ex artículo 25 2 h Ley 7 1985 2 de abril más estrictas que las fijadas por la normativa estatal básica RD 1066 2001 tanto en relación a los límites de emisión radioeléctrica como en la fijación de distancias mínimas a las correspondientes infraestructuras se produce una invasión por extralimitación de la competencia exclusiva estatal ex artículo 149 1 16ª CE en todos aquellos supuestos en los que los Ayuntamientos regulan mediante Ordenanza límites de emisión tolerables al público más estrictos o imponen distancias mínimas de emplazamiento bajo el prisma de la protección de la salud pública por más que consideren que sus previsiones son totalmente compatibles con las del RD estatal en un mal entendido deber de minimización por razones sanitarias públicas Los arts 23 y 24 se refieren a la facultad del Ayuntamiento de imponer por razones urbanísticas medioambientales y de protección del paisaje la obligación de compartir emplazamientos por parte de las diferentes operadoras y a los efectos de esta decisión municipal Considera el TS que los Ayuntamientos no pueden atribuirse la decisión última ejecutiva en materia de compartición de emplazamientos ni de infraestructuras sino la decisión motivada instrumentalizada mediante informes que determine si en atención a sus intereses medioambientales o urbanísticos corresponde y procede la compartición que se llevará a la CMT para que pondere la afectación que se produce en el mercado y determine los condicionantes de esa compartición recogiendo los informes sectoriales emitidos por otras Administraciones con lo que como mecanismo de cooperación queda garantizada la toma en consideración de todas las competencias concurrentes En el caso enjuiciado a pesar de que se realiza una remisión a la normativa estatal el mismo art 24 mantiene que la decisión que se adopte en éste el estatal ante la CMT no va a afectar a la decisión municipal por lo que la Ordenanza está otorgando una prevalencia o cláusula de salvaguarda contraria a lo que prevé el artículo 30 LGTel 32 2003 26 Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 2013 Tema principal Zonas Sensibles Otras temáticas Distancias de seguridad Licencias Fecha de la sentencia 24 05 2013 Órgano Tribunal Supremo Detalle de la sentencia Dictada en recurso de casación nº 1790 2007 interpuesto por el Ayuntamiento de Huelva contra la sentencia de 25 de enero de 2007 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sede en Sevilla que anuló los artículos 44 48 49 y 50 éste último únicamente en cuanto a la exigencia de licencia de actividad de la Ordenanza Municipal de Telecomunicaciones del término municipal de Huelva El TS declara no haber lugar al recurso y confirma la sentencia de instancia que queda firme El art 44 dispone que Las estaciones radioeléctricas que tengan la condición de actividades calificadas deberán minimizar en la mayor medida posible los niveles de emisión sobre los espacios sensibles entendiendo por tales las escuelas los hospitales y los centros de salud Para ello deberán situarse a una distancia mínima de 100 metros del espacio sensible evitando además que el diagrama de radiación incida directamente sobre estos Considera el TS que no cabe reconocer a los Ayuntamientos la capacidad de complementar restrictivamente los niveles de protección establecidos por el Estado ya que la fijación de medidas aditivas de protección en su vertiente tanto de límites de emisión como en la fijación de distancias mínimas interfieren en el despliegue de la red de telecomunicaciones alterando el régimen jurídico de los operadores de instalaciones de comunicación Respecto de los arts 48 Las instalaciones reguladas en esta Ordenanza deberán utilizar aquella tecnología disponible en el mercado en cada momento que permita evitar los posibles inconvenientes que pudieran derivarse de su ubicación y funcionamiento y 49 Se podrán imponer restricciones a la emisión radioeléctrica cuando produzca interferencias perjudiciales o incompatibles con otros servicios de telecomunicaciones previamente autorizados o con otros servicios públicos el TS reproduce su doctrina en cuanto a la aplicación de lo que se conoce como cláusula de progreso la imposición a los operadores de novedosas tecnologías supone alterar el concepto de red global constituyendo obligaciones de contenido técnico lo que implica una invasión de la competencia estatal sobre el sector de las telecomunicaciones y ello aún en el caso de que el Ayuntamiento esgrimiera que se está protegiendo o salvaguardando afecciones al paisaje impacto visual o del medio ambiente puesto que en la convergencia de competencias no puede vaciarse la estatal de fijación de un sistema global que permita la prestación del servicio en condiciones y estándares de calidad prefijados por las obligaciones de interés general Del art 50 la sentencia de instancia anulaba solo la exigencia de licencia de actividad por considerar que el Ayuntamiento está creando un nuevo procedimiento de intervención ambiental por razones de protección de la salud pública que le están vedadas al Municipio y que es el Estado quien ha fijado los estándares de protección Aclara el TS que lo que suscita el recurso no es tanto la competencia del municipio para sujetar la instalación de los equipos y elementos de radiocomunicación a licencia como específicamente la ilegalidad de la exigencia de la licencia de actividades clasificadas y esta última solo es exigible cuando exista normativa específica que establezca que la actividad ha de considerarse calificada y determine el régimen concreto de intervención ambiental a la que el Ayuntamiento concreto ajustará el procedimiento de control cosa que no ocurre en la normativa autonómica andaluza sobre actividades clasificadas en cuyos anexos no se incluyen las instalaciones de telefonía móvil como sujetas a algún régimen de intervención por lo que en ningún caso el Ayuntamiento puede crear ex novo un régimen de control basado en lo que no tiene que es normativa autonómica que la recoja como actividad clasificada sino en una pretendida competencia para controlar los niveles de emisión de las instalaciones que ya son objeto de control en virtud de la autorización que conceder el Ministerio correspondiente 27 Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2013 Tema principal Zonas Sensibles Otras temáticas Distancias de seguridad Límites Radioeléctricos Fecha de la sentencia 20 05 2013 Órgano Tribunal Supremo Detalle de la sentencia El Tribunal Supremo declara no haber lugar al recurso y confirma la sentencia de instancia que queda firme La sentencia de instancia anuló los mencionados artículos al amparo de la falta de competencia de los Ayuntamientos para imponer medidas más restrictivas sanitarias que las establecidas en el RD 1066 2001 El TS confirma los pronunciamientos de la sentencia de instancia y en relación al examen concreto del articulado que fue anulado por ésta se limita a reproducir lo ya dicho en su sentencia de 30 de abril de 2013 en la que se enjuiciaba la nulidad de preceptos idénticos de la Ordenanza de Ciutadella Así considera que el art 6 establece límites de exposición a las emisiones electromagnéticas todos sus apartados afectan por extralimitación a la competencia exclusiva del Estado que éste detenta sobre la determinación de los niveles de emisión tolerables para la salud pública por realizarse bajo parámetros de índole sanitaria que han sido colmados y agotados por el RD 1066 2001 por lo que no hay posibilidad de regulación por los Ayuntamientos El art 7 contiene medidas relativa a la señalización de los límites de emisión y vallado de las instalaciones responde al ejercicio de intereses sanitarios y no de protección o de la seguridad de las instalaciones que se arroga el Ayuntamiento y que no le corresponden El art 8 relativo a la protección de espacios sensibles mediante distancias de seguridad supone también una extralimitación competencial y se opone a lo establecido en el artículo 8 7 d del RD 1066 2011 que no establece distancias de seguridad sino el deber de minimizar las emisiones radioeléctricas cuando en un radio de 100 metros se encontrasen espacios sensibles sin que quepa admitir que son los municipios los que deben concretar esa exigencia puesto que ello impide una ordenación equilibrada y unitaria del fenómeno con incidencia en el servicio a prestar y por tanto con relevancia en aspectos que son competencia exclusiva del Estado El art 9 zonas saturadas invade la competencia exclusiva del Estado que éste detenta sobre la determinación de los niveles de emisión tolerables para la salud pública por realizarse bajo parámetros de índole sanitaria que han sido colmados y agotados por el RD 1066 2001 EDL 2001 28611 y no cabe posibilidad de nueva concreción por los Ayuntamientos por más que consideren que sus previsiones son totalmente compatibles con las del RD estatal en un mal entendido deber de minimización por razones sanitarias públicas 28 Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2013 Tema principal Seguro de responsabilidad civil Otras temáticas Planes de Implantación Licencias Fecha de la sentencia 17 05 2013 Órgano Tribunal Supremo Detalle de la sentencia Dictada en recurso de casación nº 3177 2006 interpuesto por el Ayuntamiento de Ciutadella y el Consejo Insular de Menorca contra la sentencia de 25 de abril de 2006 del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que estimó parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la Ordenanza Municipal para la ordenación de las instalaciones de las infraestructuras de telecomunicaciones por ondas electromagnéticas de Ciutadella El TS desestima el recurso de casación y confirma la sentencia de instancia que anuló los arts 6 a 9 14 5 18 3 19 3 22 2 y 23 de la Ordenanza En primer lugar el TS centra el recurso exclusivamente en la impugnación de la anulación de los artículos 14 5 18 3 y 22 2 ya que en su sentencia de 30 de abril y 10 de mayo de 2013 ya había anulado el resto de los artículos y en consideración a lo dispuesto en el artículo 72 2 de la LRJCA no cabe en sentencias posteriores abundar o ahondar en cuestiones que han perdido su objeto El art 14 5 exige resolución expresa para la aprobación del Plan de Implantación o de Regularización sin que pueda aplicarse el silencio administrativo positivo Considera el TS que el Plan de Implantación se acerca más a la naturaleza de autorización administrativa de la estrategia de expansión que a la de disposición general a pesar

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    auto del Juzgado C A que resolvía dejar sin efecto lo dispuesto en el auto de 4 de julio de 2008 y en consecuencia levantar la suspensión provisional de la eficacia del Derecho sobre clausura y precintado de la estación base de telefonía móvil decretado por el Ayuntamiento de León 985 Sentencia del TSJ de Castilla y León sede en Valladolid del 20 de enero de 2009 Tema principal Distancias de seguridad Otras temáticas Licencias Cualquiera Fecha de la sentencia 20 01 2009 Órgano TSJ de Castilla León Valladolid Detalle de la sentencia Se estima recurso de apelación interpuesto por Vodafone España S A contra la sentencia de 16 de noviembre de 2007 que ratifica el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tordesillas de 10 de mayo de 2006 que denegó las licencias ambiental y de obra solicitadas por la recurrente para la instalación de una estación base de telefonía móvil Además se declara nulo el art 4 12 V del Plan General de Ordenación Urbana de Tordesillas precepto que establece que se prohíbe la instalación de antenas de telefonía en suelo urbano y en lo relativo a distancias que han de guardar los edificios respecto a las zonas sensibles 986 Sentencia del TSJ de Castilla y León sede Valladolid del 23 de diciembre de 2008 Tema principal Zonas Sensibles Otras temáticas Licencias Cualquiera Fecha de la sentencia 23 12 2008 Órgano TSJ de Castilla León Valladolid Detalle de la sentencia Se desestima recurso de apelación interpuesto por France Telecom España S A contra sentencia de 21 de diciembre de 2007 que acuerda la clausura de la actividad de la estación base de telefonía móvil ejercida en la Calle Garcia Morato n 17 bis de Valladolid debido a que la citada instalación se ubica en un uso no residencial y PGOU de Valladolid prohíbe edificar un usos que tengan la categoría de uso no residencial 987 Sentencia del TSJ de Castilla y León sede Valladolid del 17 de octubre de 2008 Tema principal Zonas Sensibles Otras temáticas Cualquiera Cualquiera Fecha de la sentencia 17 10 2008 Órgano TSJ de Castilla León Valladolid Detalle de la sentencia Se desestima recurso de apelación interpuesto por Vodafone España S A contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso administrativo número 1 de Palencia de 29 de octubre de 2007 que desestima recurso contencioso administartivo interpuesto por esta mercantil contra la Resolución de 12 04 2007 de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León que resuelve rechazando el recurso de Alzada interpuesto por la recurrente contra el Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Palencia de fecha 20 12 2005 que acuerda no autorizar el uso de suelo para una instalación de telecomunicaciones situada en Casas Caídas en el término municipal de Dueñas puesto que dicho terreno está considerado como suelo no urbanizable de especial protección forestal de replobación y los únicos uso autorizables son las instalaciones o edificaciones vinculadas a dicho uso forestal 988

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    ha de prosperar en el sentido pretendido por el Abogado del Estado esto es en el de declarar la nulidad de dicho Acuerdo 33 Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de abril de 2013 Tema principal Seguro de responsabilidad civil Otras temáticas Distancias de seguridad Licencias Fecha de la sentencia 02 04 2013 Órgano Tribunal Supremo Detalle de la sentencia Dictada en recurso de casación nº 97 2006 interpuesto por TELEFÓNICA MÓVILES S A contra sentencia de 11 de octubre de 2005 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Sevilla que anuló los artículos 9 revisión de licencias para adaptación a las innovaciones de progreso científico y técnico 14 1 exigencia de un seguro de responsabilidad civil 18 y 20 régimen sancionador y la Disposición Transitoria Primera obliga a adaptar las instalaciones a la regulación de las Ordenanzas en el plazo de un año desde su entrada en vigor de la Ordenanza Municipal para la Instalación y Funcionamiento de Instalaciones de Radiocomunicación de Cádiz El TS estima el recurso casando la sentencia de instancia en cuanto declaró ajustado al ordenamiento jurídico el artículo 12 párrafo 3º que ahora se anula y confirmándola en todo lo demás En el recurso de casación se pretende la anulación de los artículos 4 Plan de Implantación 12 distancias de seguridad 14 y 15 documentación adicional a presentar junto con la licencia urbanística de la Ordenanza En cuanto al Plan de implantación regulado en el artículo 4 de la Ordenanza el TS no aprecia como pretende la recurrente que la sentencia de instancia haya incurrido en vicio de tutela judicial efectiva ni en incongruencia omisiva en tanto que la recurrente argumentó las razones por las que consideraba que existía una grave dificultad para su elaboración y presentación del Plan por la propia evolución de la tecnología y la sentencia de instancia resuelve en el FJ 6º después de reconocer su carácter de exigencia proporcional y adecuada para conceder la licencia urbanística que no existe prueba practicada que aporte convicción suficiente a la Sala respecto a esas alegaciones de imposibilidad técnica Por lo que se refiere a las distancias de seguridad el TS considera que el párrafo 3º del artículo 12 prohíbe las instalaciones a menos de 52 metros de las zonas sensibles incurre en vulneración de la competencia exclusiva del Estado sobre régimen general de comunicaciones art 149 1 21ª CE así como la interpretación constitucional ofrecida al artículo 25 2 h y 28 LBRL y marco estatal de protección de la salud agotadoramente ofrecido por el RD 1066 2001 y Orden CTE 23 2002 de 11 de enero Para el TS se trata de una regulación que incide directamente en la configuración diseño técnico y despliegue de las infraestructuras que conforman la red y que entran dentro del ámbito de la competencia exclusiva del Estado y reiterando lo dicho en su sentencia de 11 de febrero de 2013 añade El ejercicio por el Estado de sus competencias en relación con la adopción de las pertinentes medidas sanitarias frente a los riesgos derivados de la exposición de la población a emisiones radioeléctricas representa para los Ayuntamientos un límite al ejercicio de las que a ellos en este campo podrían corresponder en virtud de lo dispuesto en los artículos 25 2 h y 28 LRBRL Ni el principio de autonomía municipal que garantiza el artículo 140 de la Constitución ni el principio de subsidiariedad de la acción de los Entes locales que reconoce el artículo 28 LRBRL entre otros campos en el de la sanidad puede invocarse cuando el Estado en el ejercicio de sus competencias y velando por los intereses generales que a él le corresponden ha establecido una regulación sobre la misma materia a la que sin duda alguna puede atribuirse una vocación de exclusividad como sucede con el R D 1066 2001 de 28 de septiembre en el que no solo se establecen mas límites de exposición al público en general a los campos electromagnéticos procedentes de emisiones radioelectricas sino que se contienen específicas previsiones sobre la afectación de la población en esos espacios calificados como sensibles que agotan las medidas que en este campo puedan adoptarse basadas en el principio de precaución e impiden cualquier actuación municipal adoptada con base en el mismo título habilitante Por último en lo referente a los artículos 14 y 15 de la Ordenanza exigen que se acompañe a la solicitud de licencia urbanística el Proyecto de Instalación y la certificación por técnico competente en la materia del cumplimiento de la normativa en materia de emisiones radioeléctricas la recurrente considera que por tratase de documentación técnica se vulnera el principio de neutralidad tecnológica y se introduce además duplicidad de procedimientos con el mismo objeto ya que esa documentación ya estaba presentada ante la Administración estatal a los efectos de obtener la autorización por el Ministerio de Ciencia y Tecnología Sin embargo el TS considera que genéricamente y tal y como fue impugnado en la instancia y resuelto por sentencia no cabe argüir una exigencia desproporcionada con el interés y utilidad que se pretende obtener cual es una información completa y circunstanciada de la instalación en cuanto a su emplazamiento y formando parte de una red Y consta además al haber sido reconocido por la recurrente que tal documentación consta realizada y entregada a la Administración estatal a los efectos de la autorización pertinente para la prestación del servicio por lo que la carga que ha de suponer al recurrente tampoco puede tildarse más que de aportación de lo que ya tiene documentado 34 Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 2013 Tema principal Seguro de responsabilidad civil Otras temáticas Zonas Sensibles Planes de Implantación Fecha de la sentencia 08 03 2013 Órgano Tribunal Supremo Detalle de la sentencia Dictada en recurso de casación nº 5778 2005 interpuesto por TELEFÓNICA MÓVILES S A contra la sentencia de 13 de julio de 2005 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que desestimaba el recurso interpuesto contra la Ordenanza Municipal para la Instalación y Funcionamiento de Instalaciones de Telefonía Móvil Personal y Otros Servicios de Telecomunicaciones y de Difusión de Sanxenxo El TS estima el recurso y anula los artículos 7 d 12 párrafo 1º 21 4 y Anexo desestimando las restantes pretensiones ejercitadas en la demanda El articulo 7 d exige la presentación de un seguro obligatorio de responsabilidad civil por parte de los operadores El TS fundamenta su anulación en base a su extensa y consolidada jurisprudencia esta exigencia carece de cobertura legal y además no se acomoda a Derecho pues tal exigencia no está relacionada con los riesgos causados a la salud humana pues la cercanía a las antenas de telefonía móvil no generan para los seres humanos al día de hoy y con los conocimientos técnicos actuales un riesgo acreditado de necesaria cobertura máxime si tales garantías condicionan el ejercicio de una actividad que cuenta con la autorización y control de la Administración del Estado y no parece que las empresas concesionarias de estos servicios públicos necesiten de una especial cobertura para afrontar sus posibles compromisos El artículo 12 parrafo 1º de la Ordenanza prohíbe la presencia de instalaciones de radiocomunicación en centros hospitalarios y geriátricos centros educativos escuelas infantiles y en todos aquellos espacios que se definan reglamentariamente como de especial riesgo en las denominadas zonas o áreas sensibles El TS apoyándose en la doctrina sentada en su sentencia de 11 de febrero de 2013 considera que si bien es cierto que ese artículo no menciona el valor de protección de la salud para imponer la prohibición absoluta de instalación de estaciones base de telefonía en las zonas o áreas sensibles y únicamente lo titula como normas de protección ambiental es lo cierto que no puede entenderse si no es bajo la finalidad de protección del valor salud pública titulo habilitante que hemos visto que se ha ejercido ya de forma completa y agotada por el Estado mediante la aprobación del Real Decreto 1066 2001 cuyo artículo 8 7 d únicamente establece en las zonas sensibles que la planificación de tales infraestructuras contemple el deber de minimizar en la mayor medida posible los niveles de emisión El artículo 21 4 establece la obligación de revisión de las licencias de instalación otorgadas por parte del Ayuntamiento como mínimo cada dos años a los efectos de incorporar avances tecnológicos que incidan positivamente en la disminución del impacto visual o su adaptación al entorno El TS considera que esa revisión bianual de la previa licencia de instalación otorgada puede suponer la exigencia a los operadores de incorporar más avanzadas tecnologías que se estimen oportunas a las finalidades de minimización del impacto visual o compatibilidad con el entorno modificado o quedar fuera de ordenación según la disposición transitoria 1ª de la Ordenanza afectando con ello a los aspectos propiamente técnicos fijados por la autorización estatal El Anexo de la Ordenanza fija la distancias mínimas de protección para la instalación de infraestructuras de radiocomunicación lo que para el TS por las mismas razones expuestas respecto del art 12 supone también exceso en la regulación local Estos preceptos se encuentran en íntima relación con el establecimiento de distancias mínimas para la instalación de cualquier estación base de telefonía móvil en el Anexo de la Ordenanza como restricciones adicionales de protección paralelepípedo de protección con la finalidad de dar mayor garantía de preservación del espacio vital de las personas Sin embargo desestima la petición de nulidad de los artículos que regulan la exigencia de aprobación municipal de un Plan Técnico de Implantación como presupuesto para la obtención de la correspondiente licencia de obras o de funcionamiento arts 5 a 8 la exigencia del cumplimiento de los límites exposición radioeléctrica fijados en la normativa estatal art 11 la posibilidad de que el Ayuntamiento por razones urbanísticas medioambientales o paisajistas imponga la obligación de compartir emplazamientos art 14 y la obligación de presentar un estudio detallado realizado por técnico competente que indique los niveles de exposición radioeléctrica art 15 35 Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2013 Tema principal Distancias de seguridad Otras temáticas Cualquiera Cualquiera Fecha de la sentencia 11 02 2013 Órgano Tribunal Supremo Detalle de la sentencia Dictada en recurso de casación nº 4490 2007 interpuesto por Vodafone España S A contra la sentencia de 25 de enero de 2007 del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana que estimaba parcialmente el recurso interpuesto contra la Ordenanza Municipal Reguladora de las Infraestructuras Radioeléctricas de Telecomunicación del Ayuntamiento de Burriana El TS estima el recurso y declara la nulidad de los artículos 6 1c y 17 Cde la Ordenanza Dichos preceptos prohíben la instalación de infraestructuras radioeléctricas de telecomunicación en escuelas centros de salud hospitales o parques públicos así como en los edificios colindantes a esos espacios o que se sitúen en el linde o frente de fachada de los mismos Asimismo y considerando las referidas zonas como espacios sensibles se fija una distancia mínima de 100 metros entre estas y cualquier implantación de estaciones radioeléctricas El TS reconoce que su respuesta no ha sido uniforme cuando se ha enfrentado al enjuiciamiento de Ordenanzas municipales que prohibían la instalación de estaciones radioeléctricas en la proximidad de determinados espacios que pretendían proteger especialmente De la evolución jurisprudencial correspondiente a sentencias dictadas por la Sección Cuarta de esta Sala 3ª puede concluirse que por razones de salubridad pública los Ayuntamientos están autorizados para prohibir la instalación de estaciones base de telefonía dentro de determinadas distancias a espacios especialmente sensibles siempre que ello no suponga para la empresa prestadora del servicio la imposibilidad de hacerlo de modo satisfactorio Sin embargo la sentencia de la Sección Quinta de esta misma Sala de 22 de marzo de 2011 inicia una doctrina que se repite en sus sentencias de 12 de abril 14 de julio y 16 de noviembre del mismo año que considera que una norma de ese tipo supone una regulación de un aspecto puramente técnico de la ordenación de las telecomunicaciones en los que los Ayuntamientos no pueden invocar título competencial alguno ni el urbanístico ni el sanitario por tratarse de una regulación que incide directamente en la configuración diseño técnico y despliegue de las infraestructuras que conforman la red y que entran dentro del ámbito de la competencia exclusiva del Estado El TS considera que los artículos 6 1 c y 17 C de la Ordenanza de Burriana constituyen una medida de protección de la salubridad pública como reconoce el propio Ayuntamiento recurrido al justificarlos en la preocupación existente entre los vecinos por la existencia de una instalación de ese tipo a menos de 100 metros de un colegio de la localidad por lo que las limitaciones impuestas en ellos interfieren el despliegue de la red en el término municipal y además invocan un título habilitante el derivado del artículo 25 2 h de la LRBRL en el que el Estado ya ha intervenido aplicando el principio de precaución con una reglamentación que atendido el estado de la ciencia tiene una pretensión de exclusividad por lo que representa un ámbito en el que las Corporaciones locales tienen impedida cualquier posibilidad de regulación Concluye el TS que Ni el principio de autonomía municipal que garantiza el artículo 140 de la Constitución ni el principio de subsidiariedad de la acción de los Entes Locales que reconoce el artículo 28 LRBRL entre otros campos en el de la sanidad puede invocarse cuando el Estado en el ejercicio de sus competencias y velando por los intereses generales que a él le corresponden ha establecido una regulación sobre la misma materia a la que sin duda alguna puede atribuirse una vocación de exclusividad como sucede con el R D 1066 2001 de 28 de septiembre en el que no solo se establecen mas límites de exposición al público en general a los campos electromagnéticos procedentes de emisiones radioléctricas sino que se contienen específicas previsiones sobre la afectación de la población en esos espacios calificados como sensibles que agotan las medidas que en este campo puedan adoptarse basadas en el principio de precaución e impiden cualquier actuación municipal adoptada con base en el mismo título habilitante Añade el TS que con este pronunciamiento se unifican los distintos matices con que enfrentadas las distintas Secciones de esta Sala al problema planteado en este recurso habían venido resolviéndolo 36 Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2013 Tema principal Zonas Sensibles Otras temáticas Distancias de seguridad Cualquiera Fecha de la sentencia 11 02 2013 Órgano Tribunal Supremo Detalle de la sentencia Preceptos de ordenanza del Ayuntamiento de Burriana que prohíben la instalación de infraestructuras radioeléctricas de telecomunicación a 100 metros de zonas sensibles Doctrina jurisprudencial 37 Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de noviembre de 2012 Tema principal Cualquiera Otras temáticas Cualquiera Cualquiera Fecha de la sentencia 06 11 2012 Órgano Tribunal Supremo Detalle de la sentencia Dictada en recurso de casación nº 6235 2009 interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia de 18 de junio de 2009 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que estimaba parcialmente el recurso interpuesto por Telefónica España S A contra la Ordenanza de Diseño y Gestión de Obras en la Vía Pública aprobada por acuerdo del Pleno de ese Ayuntamiento de fecha 31 de mayo de 2006 y anulaba el artículo 21 1 por incumplir el artículo 29 2 b de la Ley General de Telecomunicaciones así como de los artículos 4 1 c y 30 1 penúltimo párrafo de la citada Ordenanza en cuanto imponen al promotor compañía de servicios u organismo público que las haya ejecutado el coste íntegro de las obras de construcción de nuevas galerías o cajones de servicios exigidas por el Ayuntamiento El TS estima el recurso y declara la conformidad a derecho del citado artículo 21 1 de la Ordenanza El TS centra el debate de la casación exclusivamente en la nulidad del artículo 21 1 dado que el único motivo de casación que se formula sólo critica y combate las razones jurídicas que llevaron a declararlo nulo El citado precepto fue declarado nulo por no incluir a los servicios de telecomunicaciones entre los suministros que considera esenciales agua gas y electricidad a efectos de que la compañía suministradora pueda a iniciar las obras de reparación en el vuelo suelo o subsuelo de las vías y espacios públicos municipales con la simple comunicación de la avería al servicio municipal competente Considera el TS que el artículo 29 2 b LGTel no impone el establecimiento de una norma como la del art 21 1 de la Ordenanza que este artículo otorga una facultad la de inicio de las obras de reparación de averías excepcional por apartarse del régimen ordinario de la necesidad de previa autorización y en fin que su objeto no es ni siquiera en uno de sus trámites regular un procedimiento rápido y no discriminatorio que ha de establecerse para resolver las solicitudes de ocupación del dominio público tal como establece el art 29 2 b LGTel pues o es para éstas para las que se prevé Concluye el TS que la exclusión de la red de telecomunicaciones en la previsión del repetido art 21 1 nada dice por sí sola en contra del interés general y de la trascendencia social de los servicios que presta pues más allá de ello tiene detrás una razón que la explica partiendo del carácter excepcional de la facultad allí otorgada y que impide al mismo tiempo imputarla un trato desigual carente de justificación Es así porque sin necesidad de informe técnico alguno deben compartirse por evidentes las razones que expone la representación procesal del Ayuntamiento para poner de relieve los mayores riesgos que para las personas o los bienes pueden derivar de las averías que surjan en las redes de suministro de agua gas y electricidad 38 Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2013 Tema principal Cualquiera Otras temáticas Cualquiera Cualquiera Fecha de la sentencia 23 01 2013 Órgano Tribunal

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